La hoy famosa Ley 80 es la que garantiza a los empleados en la empresa privada el derecho a la mesada cuando son despedidos injustificadamente. La mesada se calcula por una fórmula que considera el salario y los años de trabajo que ha tenido el empleado.
Su eliminación ha sido exigida por la Junta de Supervisión Fiscal bajo la excusa que ello incentivaría la creación de nuevos empleos. Yo no creo que ello sea cierto, pero ese no es el problema.
El gobernador está en una disyuntiva difícil, él quiere garantizar las pensiones, las vacaciones y los bonos de navidad y no quiere eliminar la Ley 80. La Junta quiere trastocar las pensiones, las vacaciones, los bonos de navidad y eliminar la Ley 80. Aquí entra la disyuntiva, negociar o invertir recursos y tiempo en un pleito legal contra la Junta en el cual no hay una garantía de que el gobernador pueda prevalecer.
Aquí no se trata de si es justo que los empleados se vean obligados a perder derechos adquiridos, como la mesada, por un capricho irracional de la Junta. El problema es más complejo. El problema es si la Junta puede imponer sus caprichos basándose en los poderes que le da la Ley Promesa sobre Puerto Rico.
Aquí volvemos a la raíz de nuestro problema. Por razón de que somos una colonia y estamos sujetos a las disposiciones de la Cláusula Territorial del Congreso de los Estados Unidos nos puede imponer, por vía de la Junta, lo que le venga en ganas.
Yo entiendo y comparto a los que se oponen a la eliminación de la Ley 80, las injusticias hay que combatirlas en todos los foros posibles. También entiendo que en una negociación hay que ceder para recibir. No somos un país soberano ni un estado federado con igualdad de derechos, somos una colonia con todas las consecuencias denigrantes que ello implica.
La disyuntiva es pues si lo más que le conviene HOY a Puerto Rico es entrar a litigar o negociar para poder garantizar las pensiones, las vacaciones y los bonos de navidad.
Como decía el gobernador Fortuño, “ Esa es la pregunta”.
